La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüismo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
Los indianos
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